Articulo publicado por José Domingo.
CATALUNYA
LA VOZ POLÍTICA / JOSÉ DOMINGO
Contradiciendo su primera declaración, CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC han aprobado una resolución, temeraria y estrambótica, en la que se suplanta al constituyente de manera insensata y se proclama, unilateralmente y arrogándose el papel de última instancia, la constitucionalidad del Estatut
Pánico al constitucional
La constitucionalidad del Estatuto proclama, unilateralmente y arrogándose el papel de última instancia, la constitucionalidad de la norma. Lo más grave de la resolución es que mancilla el Estado de Derecho al declarar que el Tribunal Constitucional es incompetente porque el Parlamento ha constatado (¿cómo?) que el órgano jurisdiccional «no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas»..
¿Qué ha cambiado desde noviembre del 2006 a abril de 2010 para que el Parlamento de Cataluña haya pasado del amor al despecho? Fundamentalmente, las previsiones de los grupos que promovieron el artefacto estatutario.
Tanto Zapatero como los partidos políticos catalanistas creían tener embridado al Tribunal Constitucional y, al parecer, el órgano les ha resultado más independiente de lo que esperaban. Y, ahora, horrorizados, observan cómo sus miembros no se han plegado sumisamente al dictado del Gobierno. Argüir como argumento de autoridad para deslegitimar al Tribunal Constitucional que ha habido cinco intentos fallidos de dictar la sentencia debiera abochornar a quien lo sustenta.
De todos es conocido que la Presidenta del Tribunal Constitucional ha evitado la votación de la ponencia con la esperanza de que alguno de los magistrados reticentes a proclamar la constitucionalidad del Estatuto desistiera de su postura contraria al mismo. Acéptenlo. Todas las presiones ejercidas por aquellos que impúdicamente han llegado a pedir al Gobierno que se inmiscuya y efectúe las manipulaciones necesarias para conseguir una sentencia favorable a la indemnidad del Estatuto han sido en balde.
El resultado previsible es que, por muy sentidas que sean las convicciones de algunos parlamentarios catalanes, en poco tiempo todos ellos van a ser inmersionados en un baño de realidad jurídica y constitucional del que deberán responder políticamente quienes ahora tratan de reventar las cuadernas del marco constitucional. Zapatero ha estafado con el «tocomocho» estatutario catalán.
Anunció, irresponsable, en el calor de un mitin, que «aceptaría el Estatuto que el Parlamento de Cataluña le presentara». Los diputados catalanes le tomaron, alentados, la palabra y le enviaron un disparate, de Autonomía de Cataluña ha sido puesta en entredicho desde el día de su aprobación.
La duda, a pesar de lo que pretenden hacer ver algunos, ha sido extensa y se ha concretado en siete recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Defensor del Pueblo, el Partido Popular y los Gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y La Rioja. Por su parte, el Gobierno de la Nación y el Gobierno y Parlamento de Cataluña han comparecido ante el Tribunal Constitucional para defender la posición contraria.
El órgano encargado de resolver esta controversia es el Tribunal Constitucional y así lo reconoció el propio Parlamento de Cataluña en un escrito presentado en 21 de noviembre de 2006 por el que se oponía a la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, que pretendía el Grupo parlamentario popular.
En aquel escrito, los representantes del Parlamento de Cataluña proclamaban: «El Tribunal Constitucional es el intérprete máximo de la Constitución (…) que lo crea como único órgano con competencia para juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes», para añadir a continuación que «la función del Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución y defenderla de los otros poderes constituidos, a fin de que éstos no pretendan suplantar al constituyente».
Pero los tiempos cambian. Contradiciendo esta declaración, el último 28 de abril, los grupos de CiU, PSC, ICV-EUiA y de ERC de la Cámara catalana han aprobado una resolución, temeraria y estrambótica, en la que, tras apelar extemporáneamente a la legitimación de los órganos que en su día aprobaron el Estatuto, se suplanta al constituyente de manera insensata y se proclama, unilateralmente y arrogándose el papel de última instancia, la constitucionalidad de la norma.
Lo más grave de la resolución es que mancilla el Estado de Derecho al declarar que el Tribunal Constitucional es incompetente porque el Parlamento ha constatado (¿cómo?) que el órgano jurisdiccional «no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas». ¿Qué ha cambiado desde noviembre del 2006 a abril de 2010 para que el Parlamento de Cataluña haya pasado del amor al despecho? Fundamentalmente, las previsiones de los grupos que promovieron el artefacto estatutario.
Tanto Zapatero como los partidos políticos catalanistas creían tener embridado al Tribunal Constitucional y, al parecer, el órgano les ha resultado más independiente de lo que esperaban. Y, ahora, horrorizados, observan cómo sus miembros no se han plegado sumisamente al dictado del Gobierno. Argüir como argumento de autoridad para deslegitimar al Tribunal Constitucional que ha habido cinco intentos fallidos de dictar la sentencia debiera abochornar a quien lo sustenta.
Anunció, irresponsable, en el calor de un mitin, que «aceptaría el Estatuto que el Parlamento de Cataluña le presentara». Los diputados catalanes le tomaron, alentados, la palabra y le enviaron un disparate, envuelto en cantos y monsergas nacionalistas (¡Qué noche la de aquel 30 de septiembre de 2005!), que tuvo que ser parcialmente pulido por el cepillo de Caamaño, el actual Ministro de Justicia, y ahumado finalmente con aromas de Mas y Zapatero. Aún así, el documento final está tan repleto de espinas anticonstitucionales que es imposible tragárselo y tiene que ser podado, ahormado de forma precisa, por el Tribunal Constitucional, el único órgano legitimado para hacerlo. Por lo que sabemos por las filtraciones periodísticas, es más que probable que la sentencia declare que el concepto de nación es sólo atribuible a España y que la Constitución reserva a Cataluña la categoría de nacionalidad, que, en un marco de cooficialidad lingüística no cabe dar preferencia al catalán sino que se ha de asegurar la igualdad de las lenguas, que el Poder Judicial es único para toda España y que no debe
ser fragmentado, que el Defensor del Pueblo tiene competencia para examinar los excesos de todas las Administraciones, también las de Cataluña, y que es imprescindible perfilar mejor y de forma menos excluyente el régimen competencial.
Una innegable carga de profundidad a lo que han sido los ejes de la política identitaria y segregacionista del nacionalismo durante las últimas décadas.
La sentencia del Tribunal Constitucional no puede demorarse mucho más. Es oportuno reclamar de esta institución responsabilidad y celeridad (lo he venido defendiendo repetidamente desde el año 2007 en la Cámara catalana con el voto siempre contrario de los grupos que dan apoyo al tripartito y CiU). No es la hora del alarmismo, sino de la sensatez y del respeto a las formas y a las normas.
Mienten quienes afirman que una sentencia que acomode a la Constitución los artículos del Estatuto que la desbordan pondrá en peligro el autogobierno de Cataluña y sufren ilusiones ópticas quienes se auto engañan pensando que el tren de la independencia se acelerará con el ajuste constitucional.
José Domingo es diputado del Grupo Mixto en el Parlament de Cataluña
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