Antonio Robles ex Diputado en el Parlamento de Cataluña, es una de esas personas que lleva años luchando en Cataluña no solo en defensa de los derechos lingüisticos de los ciudadanos catalanes, sino contra la implicita corrupción que el catalanismo transversal lleva en su germen.
Porque convertir la contienda política democrática en cosa de uno (los adictos al regimén único) y excluir a los disidentes es dejar a las instituciones (y sus presupuestos) sin oposición real y por tanto sin control. Y eso es lo que supone convertir al catalanismo en "el pal de paller" de la vida cultural, social y política de Cataluña.
Creo que su árticulo http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-robles/casa-nostra-51136/ abunda en esta realidad que se quiere ocultar pero que en la sociedad actual ya no es posible.
Lean su escrito y estudien lo que se afirma en él. Es de mucho interés.
(El titulo del articulo de Antonio Robles es "Casa nostra" lo de "Cosa Nostra" es un error.
sábado, 17 de octubre de 2009
CORRUPCION TRANSVERSAL DEL CATALANISMO
Hay que denunciar ante la opinión pública a la maquinaria mediática del catalanismo que intenta aislar el llamado “Caso Palau de la Música” o también “Caso Orfeó Catalá” como si se tratase de un caso de “delincuencia organizada” cuando toda la sociedad catalana sabemos que se trata de un sistema de financiación de las organizaciones políticas que sustentan el catalanismo, transversalmente, es decir sin tener en cuenta las diferencias ideológicas, programáticas o sociales entre ellas. Se trata por lo tanto de un sistema de control del poder de tipo clientelar o caciquil.
Se trata de mediante el entramado de fundaciones, asociaciones de diversos tipos e incluso de instituciones, “engrasar” o mantener una red de medios, locales, publicaciones, etc., incluidos naturalmente a liberados de partidos, sindicatos y todo tipo de personas que cobran de dichas entidades para hacer acción política de los poderes que les han promocionado.
Debemos reclamar a la Fiscalía y a los tribunales de Cuentas que investiguen a entidades que reciben subvenciones millonarias de los impuestos ciudadanos, sin control en el cumplimiento de sus objetivos o claramente para objetivos contrarios a los promulgados en sus principios fundacionales o en los criterios de subvención.
Del mismo modo que el PSC denuncia a la Fundación Trias Fargas de CiU, por haber recibido fondos del Palau, es necesario investigar a la Fundación Rafael Campalans del PSC con el Senador Isidre Molas como presidente de su comisión ejecutiva y en cuyo patronato aparecen relevantes personajes del propio PSC.
Asociaciones como Plataforma pro Selecciones Catalanas (que regalo 5000 pitos al público en la pitada al Rey en la final de la copa de futbol en Mestalla), Omnium Cultural (que subvenciona asociaciones “culturales” de acción política a favor del pancatalanismo fuera de Cataluña, como en Aragón a la Asociación Cultural del Matarranya que promociona campañas electorales de alcaldes afines.) Soberanía y Progrès o Plataforma per la Llengua, han recibido cantidades desmesuradas de fondos públicos y privados, casi de forma prevaricadora, sin que las instituciones controlen su utilización y destino o nos argumenten que no pueden porque es legal, que en muchos casos, como en el del Palau van a los bolsillos privados de grandes “patrones” del catalanismo.
También Federaciones diversas de casas regionales, medios de comunicación, privatizaciones de servicios públicos, concesiones varias y planes urbanísticos en Cataluña son pozos sin fondo de caudales públicos.
Lo dijo Pascual Maragall cuando se le escapó lo de que “el problema se llama 3 %” pero rápido fue sofocado porque peligraba el engrase de la maquinaria del poder en nuestra región.
Esta situación de corrupción política y económica hace imposible cualquier plan de la Generalitat para la recuperación de la crisis económica y el desarrollo de Cataluña que intente dar respuesta a la primera realidad y necesidad de los ciudadanos que no es otra que el galopante desempleo.
Solo una renovación democrática profunda del sistema puede acabar con la corrupción y los ciudadanos tendrán la palabra el próximo año.
Se trata de mediante el entramado de fundaciones, asociaciones de diversos tipos e incluso de instituciones, “engrasar” o mantener una red de medios, locales, publicaciones, etc., incluidos naturalmente a liberados de partidos, sindicatos y todo tipo de personas que cobran de dichas entidades para hacer acción política de los poderes que les han promocionado.
Debemos reclamar a la Fiscalía y a los tribunales de Cuentas que investiguen a entidades que reciben subvenciones millonarias de los impuestos ciudadanos, sin control en el cumplimiento de sus objetivos o claramente para objetivos contrarios a los promulgados en sus principios fundacionales o en los criterios de subvención.
Del mismo modo que el PSC denuncia a la Fundación Trias Fargas de CiU, por haber recibido fondos del Palau, es necesario investigar a la Fundación Rafael Campalans del PSC con el Senador Isidre Molas como presidente de su comisión ejecutiva y en cuyo patronato aparecen relevantes personajes del propio PSC.
Asociaciones como Plataforma pro Selecciones Catalanas (que regalo 5000 pitos al público en la pitada al Rey en la final de la copa de futbol en Mestalla), Omnium Cultural (que subvenciona asociaciones “culturales” de acción política a favor del pancatalanismo fuera de Cataluña, como en Aragón a la Asociación Cultural del Matarranya que promociona campañas electorales de alcaldes afines.) Soberanía y Progrès o Plataforma per la Llengua, han recibido cantidades desmesuradas de fondos públicos y privados, casi de forma prevaricadora, sin que las instituciones controlen su utilización y destino o nos argumenten que no pueden porque es legal, que en muchos casos, como en el del Palau van a los bolsillos privados de grandes “patrones” del catalanismo.
También Federaciones diversas de casas regionales, medios de comunicación, privatizaciones de servicios públicos, concesiones varias y planes urbanísticos en Cataluña son pozos sin fondo de caudales públicos.
Lo dijo Pascual Maragall cuando se le escapó lo de que “el problema se llama 3 %” pero rápido fue sofocado porque peligraba el engrase de la maquinaria del poder en nuestra región.
Esta situación de corrupción política y económica hace imposible cualquier plan de la Generalitat para la recuperación de la crisis económica y el desarrollo de Cataluña que intente dar respuesta a la primera realidad y necesidad de los ciudadanos que no es otra que el galopante desempleo.
Solo una renovación democrática profunda del sistema puede acabar con la corrupción y los ciudadanos tendrán la palabra el próximo año.
domingo, 11 de octubre de 2009
HISPANOFOBIA, ANTIESPAÑOLISMO Y LEYENDA NEGRA
En un reciente articulo, “Las relaciones entre Catalunya y el resto de España-La importancia del lenguaje”, su autor Joseba Arregui ex Consejero de Cultura del Gobierno vasco y ex dirigente del PNV exponía cuestiones que se deben precisar.
http://www.elperiodico.com/?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&t=1&idseccio_PK=1006
Destaco el subtitulo “la importancia del lenguaje” puesto que unos utilizan el lenguaje para ocultar la verdad de sus pensamientos y otros para que se conozca su verdad.
El propio lenguaje y los conceptos empleados demuestran que en los esquemas de su razonamiento se ocultan (voluntaria o deliberadamente) conceptos ideológicos sobre los que no coincidimos en su interpretación o definición y que nos obligaría a establecer un método de interpretación común para hacer posible entendernos:
-Respeto mutuo: aceptar la legitimidad de cada uno para reconocer e interpretar libremente la misma realidad. Es patente que la expresión “nacionalista” no se aplica igual para los nacionalistas autonómicos que para los “nacionalistas” estatales. (Los autonómicos siempre son progresistas aunque sean racistas, comunistas o de extrema derecha social y económica y los estatales siempre son franquistas y por tanto dictatoriales aunque sean anarquistas o liberales progresistas).
-Reconocimiento de la realidad empirica política (Leyes, Tratados, Instituciones, etc.) sin mezclar realidad con opinión o deseo. La C.E. fue aprobada mayoritariamente por el pueblo de Cataluña y es claro que su jerarquía legal es superior a cualquier otra ley y especialmente los estatutos de autonomía. Violentar esa jerarquía de legalidad es violentar el pacto soberano entre españoles incluidos los catalanes y por tanto confrontar con los catalanes leales a la vigencia de ese pacto.
-Puesta en común de la terminología y conceptos empleados: si uno quiere la separación de una parte del todo, es separatista y su contrario unionista; no se puede considerar los impuestos iguales en un estado democrático como “expolio” ni se pueden confundir “privilegios” fiscales con “derechos diferenciales”.
-No autoproclamarse representación colectiva para las que no se tiene legitimidad: pretender que las sociedades plurales por definición solo por decisión mayoritaria hablan con una sola voz es ignorar la raíz de los históricos conflictos civiles, sociales, dinásticos, económicos, religiosos, revolucionarios, raciales, etc. que han terminado en enfrentamientos violentos por imposiciones de ese tipo. (Cataluña tiene uno de los pasados de guerras y conflictos civiles más extensos de la península).
-Eliminar los tópicos y estereotipos sobre el oponente: ávaro-generoso, patriota-facha, catalán-charnego, botifler-seballut, solidario-explotador, etc.
Se podrían enumerar muchos más argumentos sobre la conveniencia de poner en claro y en común otros conceptos del lenguaje como terrorismo-violencia política, conflicto-guerra, asesinato-ejecución, criminal-soldado, solidaridad-caridad, igualdad-privilegio, etc. pero se escapa de este espacio.
De ese modo, Joseba Arregui cae en el mismo error que pretende combatir y así habla de “relaciones de Cataluña con el resto de España” cuando debería referirse a las relaciones de sectores de ciudadanos catalanes con sectores de ciudadanos españoles, situándolos al mismo nivel y con las mismas consideraciones de moderación o de extremismo.
Dice, “si no confundimos federalismo con confederalismo podremos llegar a entendernos sin negarnos mutuamente” simplificando la cuestión a la relación entre parte de los ciudadanos de una región y parte de los ciudadanos del resto, excluyendo a los ciudadanos españoles que no comparten ni el federalismo ni la confederación y por supuesto a los nacionalistas, independentistas y separatistas que solo considerán ese debate un proceso hacia la separación y la independencia. Tampoco se puede excluir a los unionistas y constitucionalistas catalanes. Esa claudicación ideológica no es exigible a ciudadanos libres que están amparados legalmente por el pacto constitucional, sin reformarlo, lo que supone una interpretación con abuso y por tanto violenta contra dichos ciudadanos, por la supresión de derechos que supone.
Aceptar como argumento político la catalanofobia para justificar la supuesta “desafección” de parte de los ciudadanos catalanes y convertirlo en argumento legitimo (Montilla dixit) habrá que aceptar que también existe la hispanofobia, el antiespañolismo y la leyenda negra, aceptada y utilizada históricamente como verdad absoluta y política por esos mismos ciudadanos catalanes que al resto nos discute nuestra legitimidad catalana como traidores o colaboracionistas, en lugar de leales a los acuerdos y pactos.
No es justo ni ecuánime aceptar las palabras de Montilla ( la voluntad de Cataluña es estar en España y la de aportar al desarrollo del conjunto) como verdadera expresión de su pensamiento y del nacionalismo al que representa su gobierno; solo expresa la no aceptación de la realidad política constitucional de una Cataluña integrada en España y de el deseo de una relación bilateral entre dos conjuntos no integrados; lo pone de manifiesto los posicionamiento del propio Montilla sobre el modelo de financiación autonómica (la falta de respeto también se da en el gobierno español) o sus declaraciones sobre la primacía de los intereses (de una parte de los catalanes) sobre el interés general de los españoles a que estaban obligados los diputados de obediencia catalanista. Eso es una clara declaración de deslealtad constitucional que anula el otro tipo de declaraciones.
Finalmente aceptar que existe un “problema con los catalanes” (como conjunto) y que dicho problema reside en el reconocimiento de una supuesta “diferencia” al margen de la excepción del bilingüismo, y que dicho reconocimiento se tiene que traducir en derechos políticos “diferenciales”, es aceptar sin discusión el lenguaje nacionalista y la ilegalidad de sus planteamientos. Supondría para muchos ciudadanos catalanes alejarnos de la sociedad moderna y como decía el profesor Sosa Wagner llevar a la sociedad española hacia un modelo medieval. Muchos catalanes no estamos de acuerdo ni vamos a aceptar la descalificación burda de nuestros planteamientos políticos ni la prioridad de nuestras lealtades.
http://www.elperiodico.com/?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&t=1&idseccio_PK=1006
Destaco el subtitulo “la importancia del lenguaje” puesto que unos utilizan el lenguaje para ocultar la verdad de sus pensamientos y otros para que se conozca su verdad.
El propio lenguaje y los conceptos empleados demuestran que en los esquemas de su razonamiento se ocultan (voluntaria o deliberadamente) conceptos ideológicos sobre los que no coincidimos en su interpretación o definición y que nos obligaría a establecer un método de interpretación común para hacer posible entendernos:
-Respeto mutuo: aceptar la legitimidad de cada uno para reconocer e interpretar libremente la misma realidad. Es patente que la expresión “nacionalista” no se aplica igual para los nacionalistas autonómicos que para los “nacionalistas” estatales. (Los autonómicos siempre son progresistas aunque sean racistas, comunistas o de extrema derecha social y económica y los estatales siempre son franquistas y por tanto dictatoriales aunque sean anarquistas o liberales progresistas).
-Reconocimiento de la realidad empirica política (Leyes, Tratados, Instituciones, etc.) sin mezclar realidad con opinión o deseo. La C.E. fue aprobada mayoritariamente por el pueblo de Cataluña y es claro que su jerarquía legal es superior a cualquier otra ley y especialmente los estatutos de autonomía. Violentar esa jerarquía de legalidad es violentar el pacto soberano entre españoles incluidos los catalanes y por tanto confrontar con los catalanes leales a la vigencia de ese pacto.
-Puesta en común de la terminología y conceptos empleados: si uno quiere la separación de una parte del todo, es separatista y su contrario unionista; no se puede considerar los impuestos iguales en un estado democrático como “expolio” ni se pueden confundir “privilegios” fiscales con “derechos diferenciales”.
-No autoproclamarse representación colectiva para las que no se tiene legitimidad: pretender que las sociedades plurales por definición solo por decisión mayoritaria hablan con una sola voz es ignorar la raíz de los históricos conflictos civiles, sociales, dinásticos, económicos, religiosos, revolucionarios, raciales, etc. que han terminado en enfrentamientos violentos por imposiciones de ese tipo. (Cataluña tiene uno de los pasados de guerras y conflictos civiles más extensos de la península).
-Eliminar los tópicos y estereotipos sobre el oponente: ávaro-generoso, patriota-facha, catalán-charnego, botifler-seballut, solidario-explotador, etc.
Se podrían enumerar muchos más argumentos sobre la conveniencia de poner en claro y en común otros conceptos del lenguaje como terrorismo-violencia política, conflicto-guerra, asesinato-ejecución, criminal-soldado, solidaridad-caridad, igualdad-privilegio, etc. pero se escapa de este espacio.
De ese modo, Joseba Arregui cae en el mismo error que pretende combatir y así habla de “relaciones de Cataluña con el resto de España” cuando debería referirse a las relaciones de sectores de ciudadanos catalanes con sectores de ciudadanos españoles, situándolos al mismo nivel y con las mismas consideraciones de moderación o de extremismo.
Dice, “si no confundimos federalismo con confederalismo podremos llegar a entendernos sin negarnos mutuamente” simplificando la cuestión a la relación entre parte de los ciudadanos de una región y parte de los ciudadanos del resto, excluyendo a los ciudadanos españoles que no comparten ni el federalismo ni la confederación y por supuesto a los nacionalistas, independentistas y separatistas que solo considerán ese debate un proceso hacia la separación y la independencia. Tampoco se puede excluir a los unionistas y constitucionalistas catalanes. Esa claudicación ideológica no es exigible a ciudadanos libres que están amparados legalmente por el pacto constitucional, sin reformarlo, lo que supone una interpretación con abuso y por tanto violenta contra dichos ciudadanos, por la supresión de derechos que supone.
Aceptar como argumento político la catalanofobia para justificar la supuesta “desafección” de parte de los ciudadanos catalanes y convertirlo en argumento legitimo (Montilla dixit) habrá que aceptar que también existe la hispanofobia, el antiespañolismo y la leyenda negra, aceptada y utilizada históricamente como verdad absoluta y política por esos mismos ciudadanos catalanes que al resto nos discute nuestra legitimidad catalana como traidores o colaboracionistas, en lugar de leales a los acuerdos y pactos.
No es justo ni ecuánime aceptar las palabras de Montilla ( la voluntad de Cataluña es estar en España y la de aportar al desarrollo del conjunto) como verdadera expresión de su pensamiento y del nacionalismo al que representa su gobierno; solo expresa la no aceptación de la realidad política constitucional de una Cataluña integrada en España y de el deseo de una relación bilateral entre dos conjuntos no integrados; lo pone de manifiesto los posicionamiento del propio Montilla sobre el modelo de financiación autonómica (la falta de respeto también se da en el gobierno español) o sus declaraciones sobre la primacía de los intereses (de una parte de los catalanes) sobre el interés general de los españoles a que estaban obligados los diputados de obediencia catalanista. Eso es una clara declaración de deslealtad constitucional que anula el otro tipo de declaraciones.
Finalmente aceptar que existe un “problema con los catalanes” (como conjunto) y que dicho problema reside en el reconocimiento de una supuesta “diferencia” al margen de la excepción del bilingüismo, y que dicho reconocimiento se tiene que traducir en derechos políticos “diferenciales”, es aceptar sin discusión el lenguaje nacionalista y la ilegalidad de sus planteamientos. Supondría para muchos ciudadanos catalanes alejarnos de la sociedad moderna y como decía el profesor Sosa Wagner llevar a la sociedad española hacia un modelo medieval. Muchos catalanes no estamos de acuerdo ni vamos a aceptar la descalificación burda de nuestros planteamientos políticos ni la prioridad de nuestras lealtades.
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