El periódico el Mundo de hoy organiza una votación en la que pide que se conteste si el PP debe asumir un pacto de estado que no garantice el derecho a estudiar en español.
El español es la legua oficial y común de todos los españoles según reconoce la CE por lo que plantear votaciones de este tipo es un error. Ningún partido debe asumir pactos o convenios que nieguen o restrinjan derechos individuales de los ciudadanos concedidos por el pueblo soberano de la nación en el pacto constitucional. Hacerlo supone poner en cuestión dicha soberanía y en consecuencia la esencia de la propia nación.
En España existe la tendencia a banalizar cuestiones de gran trascendencia como puede ser la puesta en cuestión de pactos fundamentales de la sociedad, como ocurre con el tema de la lengua española y sacralizar otros que no pasan de meras expresiones políticas sin mas fundamento que ser la expresión de deseos minoritarios, ajenos a la realidad legal y política como puede ser la discusión sobre la legitimidad del TC para dictar sentencia sobre la reforma de un estatuto de autonomía.
Hoy subrayan los medios la crisis de Bélgica, que ponen en cuestión la existencia del propio país, en torno al tema lingüístico en el que sus partidos y ciudadanos mantienen polémicas muy serias con absoluta claridad y transparencia en torno a derechos fundamentales de las personas como el derecho a usar y estudiar su lengua en su propio territorio nacional.
La realidad de la confrontación de política lingüística en Bélgica ha obligado a sus ciudadanos a alinearse políticamente en función de la defensa de sus derechos lingüísticos, dejando de lado otros aspectos de las diferencias políticas de tipo económico, ideológico, étnico o incluso religioso. Esto es de graves consecuencias para la política interna e incluso externa de Bélgica y por ello se han disparado las alarmas institucionales.
Aquí, en España llevamos muchos años con problemas similares a los de Bélgica, con separatismo, xenofobia, diferencias económicas interterritoriales, victimismos y ofensas mutuas, y distorsión importante de la representación política en torno a diferencias identitarias y lingüísticas, pero sin que los políticos nacionales de España se den por aludidos y asuman sus responsabilidades ante la soberanía nacional. Sea el ministro de educación, el presidente del gobierno o el jefe del principal partido de la oposición.
Pedimos a todos claridad y compromiso con lo que proponen y necesitamos convicción y coherencia en sus planteamientos, como hacemos en UPyD.
