OPORTUNISMO Y COHERENCIA

A principios de este año 2010, recibí una sorprendente llamada desde la redacción del Diario Factual para solicitarme unas declaraciones. Digo sorprendente porque era la primera vez en dos años al frente de la representación de UPyD en Cataluña que desde "prensa amiga" como la dirigida por Arcadi Espada en aquel momento, se dignaba tomar en consideración la opinión de UPyD en Cataluña.

La sorpresa tenía fundamento, puesto que en cuanto salió publicada se vio que era una entrevista trampa, en la que se me atribuían unas declaraciones y un sentido que no se correspondían ni con lo expresado por mí, ni con la coherencia de mi trayectoria política, sino por lo que algunos entendían que era la opinión oficial de UPyD: la desaparición de la representación del constitucionalismo catalán en el Parlament de Cataluña como único objetivo.

Al día siguiente lo recogía rápidamente Jordi Cañas Portavoz de C's http://portavoz.ciudadanos-cs.org/tag/ciudadanos/ y enseguida recibí el consejo de Antonio Robles para que lo desmintiera, puesto que era una trampa similar a una anterior hecha a otro dirigente de C's (Villegas) para crearle conflictos internos.

No creí conveniente hacerlo en aquel momento y si esperar a que la coherencia política o el oportunismo dejara cada cosa en su lugar y a quienes han hecho todo lo habido y por haber, desde dentro y desde fuera del movimiento unionista en Cataluña para que la presencia en el Parlament de esta legitima y honrosa opción política se convierta en una flor de temporada.

El mes de Marzo publiqué un articulo en ABC donde expresaba mi opinión sobre la responsabilidad histórica de cada cual en esta historia http://javier-diaz-alcaucer.blogspot.com/2010/03/unionismo-en-cataluna.html

Hace unos días la prensa dio publicidad al supuesto ofrecimiento de Albert Rivera a UPyD para llegar a algún tipo de acuerdo ante la convocatoria de las elecciones autonómicas para el próximo otoño. Ese ofrecimiento no puede quedar así, en el aire, sin que se de una respuesta orgánica o ciudadana que compruebe si la oferta es real o pólvora electoralista y cual es la argumentación política y la responsabilidad de cada cual, ante las respuestas posibles.

Desde aquí promoveré ese debate, dejando claro desde el primer momento que mi opinión inicial es que es más importante para el interés general que siga existiendo voz y parlamentarios constitucionalistas en el Parlament que si estos son galgos o podencos. Y las encuestas están ahí para algo.

PRECAMPAÑA

Después de una ausencia obligada de este blog por cuestiones profesionales, vuelvo a coger el hilo de la situación política en España y en esta parte que es Cataluña.

Nos encontramos con una jornada de huelga de los funcionarios, en la que protestabamos fundamentalmente por las actuaciones de ruptura democrática del gobierno del PSOE, que rompe pactos firmados, que viola principios constitucionales como el derecho a la negociación colectiva, a la seguridad jurídica o al derecho de huelga, que reconoce sin rubor que nos ha mentido a los españoles en numerosas cuestiones, para ahora actuar como un partido retrogrado dispuesto a imponer a los trabajadores españoles condiciones laborales del ultra capitalismo emergente en países como los del continente asiático o sudamericano. Allí estuvimos, en la marcha por Barcelona, acompañando a los miembros de la Confederación Española de Policías con las únicas banderas de España presentes en la manifestación, como se aprecia en la foto.

Y mientras, los separatistas de CiU con el cínico de Duran Lleida ayudando a hundir un poco más a España dando soporte a un gobierno "cadáver" mientras en Cataluña presentan una ILP para celebrar un referéndum de autodeterminación y el PSC retrasando en lo posible la sentencia del Estatuto. La imagen y la identidad colectiva de los españoles un poco más deteriorada y las arcas públicas un poco más saqueadas para falsas políticas sociales y falsas políticas culturales.

Y UPyD en Cataluña sigue a cinco meses de las elecciones autonómicas catalanas, sin convocar la constitución de los comités locales según lo aprobado en las normas del Congreso, sin elaborar el programa electoral, el diseño de estrategias políticas adaptadas a las realidades políticas y sociales, la elección pendiente del Consejo Político Territorial o la elaboración del calendario para la convocatoria de las elecciones primarias. Y todo ello con el apoyo decidido, masivo y con medios aprobado por el CD, que es a quien , en definitiva corresponde la responsabilidad.

No es en la Coordinadora Territorial ni en sus miembros donde está la parálisis ni el bloqueo. La teoría de algunos de nuestros dirigentes es que con la marca y el cartel de Rosa Diez, ya no importa el resto, pero eso es convertir a Rosa en la única responsable de todo o en la única esencia del partido y eso es excesivo para un proyecto plural, amplio y con aspiraciones, pero si así lo creen, deben emplearlo ya y masivamente, excepto que Arcadi Espada tenga razón y Cataluña no sea una prioridad para UPyD.

Va a ser duro.

CONSTITUCIONALISMO EN CATALUÑA

Con ese titulo de "Constitucionalismo en Cataluña", incluiré articulos relacionados con esta cuestión, que considere relevantes para su divulgación y conocimiento por los ciudadanos de España.

Articulo publicado por José Domingo.

CATALUNYA
LA VOZ POLÍTICA / JOSÉ DOMINGO
Contradiciendo su primera declaración, CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC han aprobado una resolución, temeraria y estrambótica, en la que se suplanta al constituyente de manera insensata y se proclama, unilateralmente y arrogándose el papel de última instancia, la constitucionalidad del Estatut

Pánico al constitucional

La constitucionalidad del Estatuto proclama, unilateralmente y arrogándose el papel de última instancia, la constitucionalidad de la norma. Lo más grave de la resolución es que mancilla el Estado de Derecho al declarar que el Tribunal Constitucional es incompetente porque el Parlamento ha constatado (¿cómo?) que el órgano jurisdiccional «no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas».

¿Qué ha cambiado desde noviembre del 2006 a abril de 2010 para que el Parlamento de Cataluña haya pasado del amor al despecho? Fundamentalmente, las previsiones de los grupos que promovieron el artefacto estatutario.
Tanto Zapatero como los partidos políticos catalanistas creían tener embridado al Tribunal Constitucional y, al parecer, el órgano les ha resultado más independiente de lo que esperaban. Y, ahora, horrorizados, observan cómo sus miembros no se han plegado sumisamente al dictado del Gobierno. Argüir como argumento de autoridad para deslegitimar al Tribunal Constitucional que ha habido cinco intentos fallidos de dictar la sentencia debiera abochornar a quien lo sustenta.

De todos es conocido que la Presidenta del Tribunal Constitucional ha evitado la votación de la ponencia con la esperanza de que alguno de los magistrados reticentes a proclamar la constitucionalidad del Estatuto desistiera de su postura contraria al mismo. Acéptenlo. Todas las presiones ejercidas por aquellos que impúdicamente han llegado a pedir al Gobierno que se inmiscuya y efectúe las manipulaciones necesarias para conseguir una sentencia favorable a la indemnidad del Estatuto han sido en balde.

El resultado previsible es que, por muy sentidas que sean las convicciones de algunos parlamentarios catalanes, en poco tiempo todos ellos van a ser inmersionados en un baño de realidad jurídica y constitucional del que deberán responder políticamente quienes ahora tratan de reventar las cuadernas del marco constitucional. Zapatero ha estafado con el «tocomocho» estatutario catalán.

Anunció, irresponsable, en el calor de un mitin, que «aceptaría el Estatuto que el Parlamento de Cataluña le presentara». Los diputados catalanes le tomaron, alentados, la palabra y le enviaron un disparate, de Autonomía de Cataluña ha sido puesta en entredicho desde el día de su aprobación.

La duda, a pesar de lo que pretenden hacer ver algunos, ha sido extensa y se ha concretado en siete recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Defensor del Pueblo, el Partido Popular y los Gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y La Rioja. Por su parte, el Gobierno de la Nación y el Gobierno y Parlamento de Cataluña han comparecido ante el Tribunal Constitucional para defender la posición contraria.

El órgano encargado de resolver esta controversia es el Tribunal Constitucional y así lo reconoció el propio Parlamento de Cataluña en un escrito presentado en 21 de noviembre de 2006 por el que se oponía a la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, que pretendía el Grupo parlamentario popular.

En aquel escrito, los representantes del Parlamento de Cataluña proclamaban: «El Tribunal Constitucional es el intérprete máximo de la Constitución (…) que lo crea como único órgano con competencia para juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes», para añadir a continuación que «la función del Tribunal Constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución y defenderla de los otros poderes constituidos, a fin de que éstos no pretendan suplantar al constituyente».

Pero los tiempos cambian. Contradiciendo esta declaración, el último 28 de abril, los grupos de CiU, PSC, ICV-EUiA y de ERC de la Cámara catalana han aprobado una resolución, temeraria y estrambótica, en la que, tras apelar extemporáneamente a la legitimación de los órganos que en su día aprobaron el Estatuto, se suplanta al constituyente de manera insensata y se proclama, unilateralmente y arrogándose el papel de última instancia, la constitucionalidad de la norma.

Lo más grave de la resolución es que mancilla el Estado de Derecho al declarar que el Tribunal Constitucional es incompetente porque el Parlamento ha constatado (¿cómo?) que el órgano jurisdiccional «no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas». ¿Qué ha cambiado desde noviembre del 2006 a abril de 2010 para que el Parlamento de Cataluña haya pasado del amor al despecho? Fundamentalmente, las previsiones de los grupos que promovieron el artefacto estatutario.

Tanto Zapatero como los partidos políticos catalanistas creían tener embridado al Tribunal Constitucional y, al parecer, el órgano les ha resultado más independiente de lo que esperaban. Y, ahora, horrorizados, observan cómo sus miembros no se han plegado sumisamente al dictado del Gobierno. Argüir como argumento de autoridad para deslegitimar al Tribunal Constitucional que ha habido cinco intentos fallidos de dictar la sentencia debiera abochornar a quien lo sustenta.

Anunció, irresponsable, en el calor de un mitin, que «aceptaría el Estatuto que el Parlamento de Cataluña le presentara». Los diputados catalanes le tomaron, alentados, la palabra y le enviaron un disparate, envuelto en cantos y monsergas nacionalistas (¡Qué noche la de aquel 30 de septiembre de 2005!), que tuvo que ser parcialmente pulido por el cepillo de Caamaño, el actual Ministro de Justicia, y ahumado finalmente con aromas de Mas y Zapatero. Aún así, el documento final está tan repleto de espinas anticonstitucionales que es imposible tragárselo y tiene que ser podado, ahormado de forma precisa, por el Tribunal Constitucional, el único órgano legitimado para hacerlo. Por lo que sabemos por las filtraciones periodísticas, es más que probable que la sentencia declare que el concepto de nación es sólo atribuible a España y que la Constitución reserva a Cataluña la categoría de nacionalidad, que, en un marco de cooficialidad lingüística no cabe dar preferencia al catalán sino que se ha de asegurar la igualdad de las lenguas, que el Poder Judicial es único para toda España y que no debe
ser fragmentado, que el Defensor del Pueblo tiene competencia para examinar los excesos de todas las Administraciones, también las de Cataluña, y que es imprescindible perfilar mejor y de forma menos excluyente el régimen competencial.

Una innegable carga de profundidad a lo que han sido los ejes de la política identitaria y segregacionista del nacionalismo durante las últimas décadas.

La sentencia del Tribunal Constitucional no puede demorarse mucho más. Es oportuno reclamar de esta institución responsabilidad y celeridad (lo he venido defendiendo repetidamente desde el año 2007 en la Cámara catalana con el voto siempre contrario de los grupos que dan apoyo al tripartito y CiU). No es la hora del alarmismo, sino de la sensatez y del respeto a las formas y a las normas.

Mienten quienes afirman que una sentencia que acomode a la Constitución los artículos del Estatuto que la desbordan pondrá en peligro el autogobierno de Cataluña y sufren ilusiones ópticas quienes se auto engañan pensando que el tren de la independencia se acelerará con el ajuste constitucional.

José Domingo es diputado del Grupo Mixto en el Parlament de Cataluña

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