Traducción de un artículo publicado el jueves
en varios periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España
Hoy, 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.
En
Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de fiesta"
de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la
supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho
más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los
medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si
Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos
problemas.
España
no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y
económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía
económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en
las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los
españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la
administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría
en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el
modelo de Estado.
Este
tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y
diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000
millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social
-23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol,
despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la
crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios
demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000
euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63%
de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a
veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad
empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros,
médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La
razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de
todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en
connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial
y los organismos de control a su servicio. En España no existe
separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados
representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista.
Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que
frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae
recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.
Las
ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de
rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente
politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero
público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle
5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además
de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha
utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la
UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren
que la UE investigue sus cuentas.
Control
estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas
europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras.
Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas
brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la
excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que
de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos
infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de
corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno
solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser
manejado por personas tan increíblemente venales.
La
pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por
corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo
de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables,
Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías,
que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy,
al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No
puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones
funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados
por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200
embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o
4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente
para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización
alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se
despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de
transparencia.
Y con
esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los
últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son
escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente
a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3%
incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España
está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio
frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el
despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos
con la consolidación fiscal.
El
tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra
perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En
noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB;
a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el
déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda
precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta
fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de
Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual…
el déficit era ya del 8,7%.
Sin
embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado
y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo
que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las
otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo
único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011
puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que
se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de
convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente,
la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad
y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a
Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro.
Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas,
con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han
supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
Es
frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se
destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a
trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una
distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte
clase media española está siendo literalmente aniquilada.
Resumiendo:
no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos
países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis
económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del
Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían
concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo
conseguirán que una casta política
incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
*Stefanie
Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista;
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